Sheinbaum impulsa ‘Plan B’ electoral que oposición califica de autoritario

Por Redacción

La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional electoral, denominada ‘Plan B’, que ha generado una agria polémica entre la coalición gobernante y los partidos de oposición. La propuesta, que modifica reglas sobre el uso de tiempos oficiales en medios, la revocación de mandato y el número de partidos políticos, es promovida por el gobierno como un avance democrático, mientras que el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano la califican de intento por consolidar una hegemonía y debilitar la autonomía de los órganos electorales. La discusión se da en el contexto de la preparación para las elecciones de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales.

La iniciativa presidencial busca, según la exposición de motivos, “fortalecer la democracia participativa” y “optimizar” el sistema electoral. Sin embargo, críticos como el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, han señalado que uno de sus puntos más polémicos es la flexibilización en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, lo que, en la práctica, permitiría al gobierno en turno hacer campaña permanente con recursos públicos. Sheinbaum ha negado que se trate de una medida para beneficiar a su partido, Morena, y ha insistido en que es una propuesta abierta al debate.

Por su parte, la oposición ha cerrado filas en contra. Alejandro Moreno, presidente del PRI, afirmó que la reforma es “un golpe autoritario a las instituciones” y advirtió que busca eliminar contrapesos. Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, coincidió en señalar que la iniciativa “pretende legalizar el uso de la maquinaria gubernamental con fines electorales”, lo que pondría en desventaja a los partidos políticos sin acceso a esos recursos.

El contexto político es clave. Sheinbaum mantiene niveles de popularidad cercanos al 70%, según diversas encuestas, y su coalición (Morena, PT y PVEM) cuenta con mayoría en el Congreso. La reforma también se discute en un escenario internacional de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde algunos socios comerciales han expresado preocupación por la estabilidad institucional del país. Los partidos aliados del gobierno, el PT y el PVEM, han mostrado apoyo a la iniciativa tras negociaciones, aunque no han detallado públicamente su postura sobre todos los puntos.

Entre los aspectos más técnicos de la propuesta se encuentra una reducción en el número de partidos políticos con registro, argumentando una racionalización del sistema, y el establecimiento de una fecha específica para ejercer la revocación de mandato presidencial, mecanismo que fue utilizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La oposición alega que estos cambios están diseñados para consolidar el control de Morena y dificultar la competencia política en las próximas elecciones, donde se jugará el control de múltiples gobiernos estatales.

El debate en el Senado se prevé intenso en las próximas semanas. Mientras el oficialismo insiste en el carácter democrático de su propuesta, la oposición promete resistir y llevar la discusión a todos los foros posibles, incluyendo el ámbito internacional. El desenlace de esta pugna definirá el marco bajo el cual se realizarán los comicios de 2027, considerados un termómetro crucial para el rumbo político del país en la segunda mitad del sexenio de Sheinbaum.