Organismos denuncian patrón de represión estatal y desapariciones en América Latina

Por Redacción

Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas denunciaron este mes un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta desapariciones forzadas de deportados en El Salvador y la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Human Rights Watch (HRW) alertó sobre la gravedad de los hechos, mientras activistas y economistas cuestionan las nuevas políticas migratorias y de seguridad implementadas por gobiernos de la región.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por el endurecimiento de sus políticas migratorias, inspiradas en el modelo de Donald Trump. Datos indican que 5,000 personas no fueron admitidas o expulsadas en los últimos dos meses, y en 2024 se registraron 620 deportaciones, un incremento del 40% respecto al año anterior. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, ha anunciado medidas restrictivas, mientras economistas como Mercedes D’Alessandro y vecinas de Mendoza, incluyendo a Macarena Limousin, han liderado protestas socioambientales y cuestionado el estatus de proyectos mineros como San Jorge.

La situación en Venezuela y Nicaragua muestra una continuidad en la persecución política. Lilian Tintori, junto a otros opositores como William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López, ha realizado denuncias públicas sobre la confiscación de bienes y la presión estatal. En Nicaragua, el dirigente chavista Carlos Brenes figura entre los desaparecidos, y activistas como Amaru Ruiz y Thelma Brenes, familiar de víctima, han elevado su voz sin que hasta el momento se especifiquen los cargos concretos o el estado de salud de algunos liberados.

En El Salvador, la controversia se centra en la desaparición de 11 connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’. Aunque el gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas los acusan de pertenecer a la pandilla MS-13, familias y HRW niegan esa condición para el resto de los desaparecidos, señalando la falta de evidencia pública que vincule a todos con actividades criminales. Se reporta que más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, de los cuales solo el 10% tenía antecedentes penales.

Las cifras históricas y actuales reflejan la magnitud de la crisis. En Argentina se mantiene la cifra referencial de 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura, un contexto que resurge ante las nuevas detenciones. Por su parte, más de 250 venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos, sumándose a un panorama donde las respuestas oficiales brillan por su ausencia. No se ha mencionado una respuesta formal del gobierno salvadoreño ante la acusación de desaparición forzada, ni se detallan los cargos específicos contra los opositores cuyos bienes fueron incautados.

Ante este escenario, las organizaciones de derechos humanos exigen verdad y justicia. La falta de información precisa sobre la ubicación de las redadas en Argentina, el estado legal de los proyectos mineros en Mendoza y la situación jurídica de los deportados desaparecidos mantiene a las familias en incertidumbre. El patrón descrito por HRW subraya un endurecimiento generalizado de las políticas de seguridad y migración en la región, marcado por la opacidad y la vulneración de garantías individuales.