Exfuncionarios cobran pensiones millonarias que superan salario presidencial en México
Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que más de 100,000 extrabajadores del Estado reciben pensiones superiores al salario de la presidenta, con cuatro casos que superan el millón de pesos mensuales, en un contexto donde el partido Morena enfrenta críticas por el uso de espectaculares en procesos internos en Coahuila. Los exfuncionarios Jorge Evodio Chapa de la Torre, Edgar Velázquez, Kenneth Sydney Smith y Carlos Arturo Sánchez Magaña perciben entre 1,037,000 y 1,107,000 pesos al mes, según datos oficiales publicados este viernes.
El gasto total en pensiones de empresas estatales y banca de desarrollo supera los 94,000 millones de pesos anuales, con 21 personas que reciben montos entre 987,000 y 181,000 pesos mensuales. Esta información surge mientras el Instituto Electoral de Coahuila, encabezado por Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, investiga impugnaciones por espectaculares de aspirantes morenistas, despite que el Consejo Nacional del partido prohibió esta práctica el 7 de marzo.
El senador Gerardo Fernández Noroña reconoció que la colocación de espectaculares es una práctica recurrente en procesos internos, aunque defendió la legalidad de los mismos. Medios locales y columnistas, como los de ZETA, han acusado a aspirantes morenistas de adelantar campañas y violentar reglamentos electorales.
Por su parte, el Partido Acción Nacional solicitó al Instituto Nacional Electoral la geolocalización de espectaculares en Coahuila, aunque aún se desconoce la respuesta formal de la autoridad electoral. La controversia se enmarca en las negociaciones internas de la coalición gubernamental (Morena, PT, PVEM) para un acuerdo de unidad y un “plan B” electoral anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El coordinador de senadores morenistas, Ignacio Mier, se ha mantenido al margen de la polémica, mientras la Secretaría Anticorrupción enfatiza la necesidad de transparencia en el uso de recursos públicos, sin especificar aún mecanismos legales para modificar las pensiones millonarias.
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