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Violencia y operativos en Baja California: Fiscalía busca pena máxima para ‘La Tía’ tras múltiples incidentes

Violencia y operativos en Baja California: Fiscalía busca pena máxima para ‘La Tía’ tras múltiples incidentes

Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California solicitará hasta 120 años de prisión para María de la Luz Damián Andrade, alias ‘La Tía’ o ‘La Abuela’, presunta líder criminal, en medio de una ola de violencia que incluyó balaceras en Tijuana y Mexicali durante los días 13 y 14 de marzo. Los incidentes, que involucraron a empleados de una empresa privada, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ataques con motocicletas, han mantenido en alerta a las autoridades de la región norte del país.

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez confirmó que se buscará la pena máxima contra Damián Andrade, quien está vinculada a procesos por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque no se ha integrado un video incriminatorio a la carpeta de investigación, testimonios lo mencionan como evidencia clave.

Paralelamente, en Tijuana, agentes municipales confirmaron una balacera la tarde del 13 de marzo en un taller mecánico de la colonia Anexa Postal. El incidente, que involucró a empleados de una empresa privada, resultó en daños estimados en un millón de pesos. Horas después, en la mañana del 14 de marzo, sujetos armados y encapuchados llegaron en motocicleta a la colonia Baja California de Mexicali y dispararon contra Luis Jorge Arredondo Maravilla, cuya condición médica actual se desconoce.

Estos eventos se suman a operativos anteriores, como la captura el 27 de febrero de Francisco Javier Pesqueira Escalante, presunto integrante del CJNG, y el atentado del 16 de febrero contra Samuel Eduardo Cisneros Reed en la colonia El Florido de Tijuana. También permanece sin resolverse la desaparición de Rogelio Santander, ocurrida el 6 de mayo de 2025.

La Fiscalía ha señalado que no existen órdenes de aprehensión por los daños a propiedad pública durante las manifestaciones del 8 de marzo, pero analiza videos para identificar posibles participantes. La situación refleja los desafíos de seguridad en la frontera norte, donde la violencia delictiva entre grupos criminales y ataques dirigidos mantienen en vilo a la población.

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