Vinculan a proceso a Jaime Bonilla por caso Next Energy en Baja California

Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en relación con el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali que nunca se concretó. La decisión judicial fue emitida tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el 23 de marzo a las 09:23 horas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el contrato firmado por el gobierno estatal comprometió pagos mensuales de 123 millones de pesos durante tres décadas, lo que representaba un desembolso total de 4,500 millones de pesos. La acusación señala que, aunque el Gobierno estatal no obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción de la obra, Next Energy recibió un pago inicial de 123 millones de pesos, los cuales fueron recuperados recientemente por la administración de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, conformada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para intentar desestimar la imputación. Los defensores señalaron que el pago de 123 millones de pesos se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la conclusión del mandato de Bonilla en octubre de 2021. Asimismo, argumentaron que el delito de uso ilícito de facultades no aplicaba porque el proyecto correspondía a un contrato plurianual para adquisición de servicio y no a la adquisición de un crédito fiscal.

El juez Gerardo Anguiano Ceja, quien llevó el caso, consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal, desestimando las líneas argumentativas de la defensa. El magistrado estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria antes de dictar sentencia. Bonilla Valdez, quien actualmente se desempeña como dirigente estatal del Partido del Trabajo, mantiene su presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad mediante sentencia definitiva.

El proceso judicial marca un avance relevante en un caso que se había mantenido estancado durante casi cuatro años desde la presentación de la denuncia, debido principalmente al fuero constitucional con el que contaba Bonilla durante su etapa como senador. Fue hasta inicios de marzo de 2026 cuando se giró una orden de presentación en su contra, lo que permitió retomar el curso del procedimiento. La vinculación a proceso ocurre en un contexto de conflicto político entre el exgobernador y la actual gobernadora de Baja California.