Striptease en oficina y escoltas: polémicas de funcionarios
Por Redacción
Ciudad de Mexico, 25 de febrero de 2026.- Funcionarios públicos de diversos niveles enfrentan este martes cuestionamientos severos por el uso indebido de recursos y espacios gubernamentales. En San Luis Potosí, una regidora organizó una celebración con espectáculo de striptease dentro de una oficina municipal; en Baja California, un diputado morenista es señalado por mantener tres escoltas pagados con fondos públicos durante 17 años; mientras que la dirigencia de Morena inició un proceso sancionador contra el diputado Sergio Mayer por privilegiar proyectos personales sobre sus labores legislativas.
En Rioverde, San Luis Potosí, la regidora Rosa María Huerta Valdez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se defendió tras la difusión de un video que muestra una celebración con espectáculo de striptease al interior de las oficinas municipales, hecho ocurrido el pasado 20 de febrero. A través de redes sociales, la funcionaria publicó un mensaje desafiante: “No van a faltar las críticas pero me vale puritititita m… me la pase sÚper amigo Rasiel Ochoa II”, justificando el evento como una reunión lúdica entre amigos pese a haber utilizado instalaciones públicas durante horarios de trabajo.
En Mexicali, Baja California, el colectivo “Cachanillas Unidos contra la Corrupción” colocó espectaculares denunciando al diputado federal morenista Juan Manuel Molina García por el presunto uso excesivo de recursos de seguridad. La acusación visible en las vallas publicitarias señala que el legislador mantiene tres escoltas pagados con dinero público desde hace 17 años, lo que representaría un gasto mensual estimado de 120 mil pesos. Hasta el momento, el diputado no ha emitido una respuesta formal a las acusaciones que han generado indignación entre la ciudadanía de la entidad.
Paralelamente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena confirmó el inicio de un proceso sancionador contra el diputado federal Sergio Mayer, quien cuenta con licencia para separarse de sus funciones. La resolución partidista determina que el legislador privilegió proyectos personales y mediáticos por encima de sus responsabilidades legislativas, generando un conflicto entre sus actividades privadas y el mandato popular que representa.
Los tres casos exhiben patrones recurrentes en la clase política local y federal. Mientras que en Rioverde el gobierno estatal ha llamado a la mesura sin que el Ayuntamiento emita postura oficial respecto al uso de espacios públicos para eventos privados, en Baja California la denuncia ciudadana busca transparentar el gasto en seguridad de funcionarios. El Partido Verde Ecologista de México no ha emitido posicionamiento oficial sobre la conducta de su regidora en San Luis Potosí.
Estos escándalos emergen en un contexto de creciente escrutinio social sobre el uso de recursos públicos y la conducta de los representantes populares. La acumulación de denuncias en una sola jornada refleja la tensión entre los ciudadanos y sus gobernantes, en un año donde la rendición de cuentas y la austeridad republicana han sido promesas centrales de la administración federal y diversos gobiernos locales.
