Sentencias por crímenes graves y acciones de derechos humanos en México y el extranjero

Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- Diversos eventos relacionados con sentencias por delitos graves y acciones en materia de derechos humanos marcaron la agenda nacional e internacional. En el ámbito judicial, un tribunal federal en Waco, Texas, dictó una sentencia de 80 años de prisión contra Kevin Duane Pridemore, de 41 años, por producir y poseer material de abuso sexual infantil. El juez federal Alan D. Albright impuso la pena de forma consecutiva: 360 meses por cada uno de los dos cargos de producción de pornografía infantil y 240 meses adicionales por el cargo de posesión, ordenando además el pago de 207 mil dólares como indemnización.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria de hasta 84 años de prisión en contra de cinco personas de una familia que integraban una banda de secuestradores en la zona de Macuspana, Tabasco. Los sentenciados, identificados como Mario N., José N., Alberto N., Manuel N. y Griselda N., fueron condenados por delincuencia organizada, secuestro agravado y portación de arma de fuego. Por otro lado, en Durango, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHD) participó como observadora en un operativo en la comunidad de Dinamita, municipio de Gómez Palacio, donde resultaron 28 personas detenidas y vinculadas a proceso por robo equiparado, ataques a las vías de comunicación y transporte, y asociación delictuosa.

En el plano de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó un eventual indulto a Mario Aburto Martínez, preso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La CNDH llamó a profundizar las investigaciones y retomar las líneas de investigación contenidas en la Recomendación 48VG/2021, señalando que “optar por cualquier otro camino, incluido el indulto, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad”. Asimismo, la organización Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes y la madre buscadora hondureña Ana Enamorado fueron anunciados como ganadores del 31 Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. El galardón se entregará el 25 de abril en la capilla abierta de la Catedral de Cuernavaca.

Mientras tanto, en Toluca, familiares de pacientes que sufrieron lesiones graves o fallecieron tras cirugías plásticas se manifestaron para exigir justicia y solicitaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que escuche sus casos. Se han contabilizado ocho víctimas: dos fallecieron y seis sufren lesiones graves y permanentes. Los médicos Jesús Fernando N, Carolina N y Diego Humberto N están bajo investigación por cuatro casos de cirugías plásticas fallidas. En otro frente, Carlota ‘N’, acusada de doble homicidio y tentativa contra un menor, salió del penal de Chalco para permanecer en prisión domiciliaria tras la modificación de su medida cautelar; la mujer declaró: “Fue un mal rato realmente, pero lo tomo como una defensa personal”.

En el ámbito internacional, Kuwait condenó la aprobación en el Parlamento de Israel de la ‘ley de pena de muerte para presos palestinos’, norma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por ataques considerados terroristas y que fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra. El gobierno de Kuwait consideró que la ley representa “una grave escalada” y una violación directa al derecho internacional humanitario, expresando su “firme condena y rechazo”. La cancillería kuwaití manifestó su “profunda preocupación” y en un comunicado indicó que “Kuwait llama a adoptar medidas disuasorias para frenar estas prácticas ilegales y garantizar la protección necesaria de los presos palestinos conforme al derecho internacional”.

Finalmente, un jurado de Santa Mónica declaró culpable al actor Bill Cosby, de 88 años, de drogar y violar a una mujer llamada Donna Motsinger, de 84, en 1972; Cosby deberá afrontar el pago de 19,25 millones de dólares en daños. En Morelos, se reiniciaron por quinta ocasión las exhumaciones en las fosas de Jojutla, donde colectivas señalaron aspectos positivos como la supervisión del fiscal Fernando Blumenkron Escobar, aunque Edith Hernández Torres comentó que el proceso ha sido “atropellado y sin control”, añadiendo: “Hoy iniciamos con una excavación no controlada. Todavía no se ha rescatado ningún cuerpo y creemos que no hay un control adecuado”.