SCJN reserva por cinco años información sobre su parque vehicular tras solicitud de transparencia
Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reservar por un periodo de cinco años la información referente a su parque vehicular, que consta de 151 unidades, en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada en enero de este año. La determinación fue tomada por el Comité de Transparencia del organismo, el cual justificó la medida bajo el argumento de proteger la vida y seguridad de las personas servidoras públicas que utilizan dichos automóviles.
De acuerdo con la resolución oficial, hacer públicos detalles específicos como el modelo, el costo y la fecha de adquisición de los vehículos “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial. La SCJN enfatizó que esta clasificación es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”.
Como parte de la negativa a transparentar los datos, el tribunal también rechazó hacer público qué ministros han adquirido los vehículos asignados a su ponencia desde 1994 hasta la fecha. Esta decisión surge en un contexto donde recientemente se reveló la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros, lo que motivó la solicitud de información que ahora ha sido restringida.
La reserva de la información implica que datos cruciales para el escrutinio público, como el monto total invertido en las 151 unidades, las placas de circulación y la asignación específica de cada automóvil a los titulares, permanecerán ocultos durante el quinquenio establecido. Medios de comunicación han señalado que esta opacidad abarca tanto el historial de adquisiciones de las últimas tres décadas como las características técnicas de la flota actual.
Esta medida contrasta con los principios de máxima publicidad que rigen la función jurisdiccional en México, aunque la legislación contempla excepciones cuando la difusión de datos pone en peligro la integridad física de funcionarios. No obstante, la decisión ha generado preguntas sobre el equilibrio entre la seguridad institucional y el derecho de la ciudadanía a conocer el uso de los recursos públicos en el máximo órgano judicial del país.
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