SCJN perfila fallo sobre facultades del IMPI para bloquear sitios web y recibe petición de audiencia pública

Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programado para el 9 de abril de 2026 discutir un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García que busca validar las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet. La propuesta consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la cual negó un amparo a la empresa Total Play.

El caso deriva de un amparo en revisión iniciado tras acciones tomadas contra la difusión ilegal de películas. El IMPI admitió el trámite en agosto de 2024, decretó una medida provisional en septiembre y, ante el incumplimiento, ordenó en octubre a proveedores de Internet, entre ellos Total Play, bloquear los sitios. En noviembre de 2024, la empresa promovió un amparo argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones, viola la libertad de expresión y el acceso a la información, y constituye una medida desproporcionada.

Al negar el amparo, el juez federal citó las jurisprudencias 25/2007 y 26/2007, en las que la Corte determinó que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información “no son absolutos”. El asunto llegó a la SCJN a solicitud de un tribunal colegiado que se declaró incompetente para resolver el tema de constitucionalidad. De aprobarse el proyecto, la Corte confirmaría la negativa del amparo y validaría la constitucionalidad del artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, regresando el asunto al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para resolver cuestiones de legalidad pendientes.

En otro orden de ideas, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó el 25 de marzo de 2026 una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas a la SCJN. La petición, dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, exige a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa antes de emitir un fallo. La entrega fue realizada por representantes como Daniel García Rodríguez, Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta.

Daniel García Rodríguez, quien estuvo sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, declaró: “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”. El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), donde el Estado mexicano fue condenado por el uso de esta figura y el arraigo.

Adicionalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos. Celia Maya García, magistrada presidenta del TDJ, señaló que “la disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”. Esta nueva unidad tendrá competencia sobre juzgados y tribunales en la capital, así como en Querétaro y Tlaxcala, sumándose a las visitadurías ya inauguradas en las regiones Pacífico y Oaxaca.