SCJN invalida normas de Durango y Nayarit sobre sesiones privadas y evaluación judicial
Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó normativas estatales de Durango y Nayarit que establecían sesiones privadas como regla general en los tribunales de justicia y mecanismos de evaluación judicial contrarios al modelo federal. La resolución se dio durante la sesión del Pleno celebrada el 23 de marzo de 2026.
En el caso de Durango, la Corte declaró inconstitucional una norma que establecía el carácter privado como regla general para las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado. Esta disposición fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad que contó con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre los actores involucrados.
Respecto a Nayarit, la SCJN invalidó el mecanismo de evaluación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único, por contravenir el modelo federal establecido para la selección de funcionarios judiciales. El Congreso de Nayarit fue señalado como responsable de esta reforma cuestionada.
Además, en la misma resolución se reconoció una omisión del Congreso de Nayarit al no incorporar los principios de insaculación y paridad de género en las disposiciones sobre selección de personal judicial. Esta omisión fue identificada durante el análisis de las acciones de inconstitucionalidad presentadas.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas contra las reformas aprobadas por los congresos estatales de Durango y Nayarit. El Poder Ejecutivo Federal también estuvo involucrado en el proceso de revisión constitucional de estas normativas locales.
La decisión de la Suprema Corte establece un precedente sobre la obligación de los estados de alinear sus legislaciones locales con el modelo federal de justicia, particularmente en lo concerniente a la publicidad de las sesiones judiciales y los mecanismos de evaluación de candidatos a cargos judiciales.
Esta resolución se enmarca en el contexto de las reformas al Poder Judicial aprobadas en 2024, que han generado múltiples acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones estatales que intentaron establecer mecanismos divergentes del sistema federal. La SCJN mantiene su función de guardiana de la constitucionalidad de las leyes en todo el territorio nacional.
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