Reportan entre 28 y 40 detenidos en operativo policial en Dinamita, Durango
Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo de 2026 en la comunidad de Dinamita dejó un número indeterminado de personas privadas de la libertad, según denuncias del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua y del obispo Raúl Vera López, quienes estiman alrededor de 40 detenidos, mientras la Fiscalía General de Durango confirma 28 detenciones.
El conflicto tiene origen en el despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido mantenía un plantón desde 2017 contra un megaproyecto industrial y en apoyo a los trabajadores despedidos, según el contexto documentado en las fuentes disponibles.
Existen discrepancias significativas en las cifras de personas detenidas. Raúl Vera López y el Frente Unido mencionan aproximadamente 40 personas privadas de la libertad, de las cuales sólo 8 tienen ubicación conocida. Por su parte, la Liga Sindical de la Confección en Nazareno habla de 27 detenciones arbitrarias. La Fiscalía de Durango confirma oficialmente 28 detenciones.
Las versiones sobre la naturaleza de los hechos también divergen. El Frente Unido y Raúl Vera describen la protesta como pacífica, mientras que la Fiscalía acusa a los detenidos de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos. Familiares de los detenidos se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio exigiendo su liberación.
Entre los involucrados en el caso figuran autoridades como Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango; Esteban Villegas Villarreal, Gobernador de Durango; y Betzabé Martínez Arango, Presidenta Municipal de Gómez Palacio. También participaron en el operativo elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena.
Se mantienen como información faltante la hora exacta del operativo policial, el paradero y estado de salud de la mayoría de las personas detenidas, los nombres completos de los detenidos, y la orden judicial que respalde las detenciones, ya que familiares denuncian que no existió. Tampoco se cuenta con respuesta oficial detallada de las autoridades estatales ante las acusaciones de represión.
El caso concentra atención de múltiples actores sociales, incluyendo la CNTE y organizaciones de defensa de derechos humanos, en un contexto de tensión social relacionado con proyectos industriales en la región de La Laguna.



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