RECHAZA SCJN LISTADO DE CANDIDATOS AL PODER JUDICIAL SELECCIONADOS POR EL SENADO

Por Luis Martínez Alcántara

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el listado de 955 candidatos al Poder Judicial que el Senado de la República había seleccionado mediante un sorteo. En una sesión privada los ministros no alcanzaron la mayoría de ocho votos requerida para aprobar la lista, según lo establecido en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación.

Este rechazo se produce en el contexto de la reforma judicial que busca renovar 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros de la SCJN, magistrados y jueces. El proceso original contemplaba que el Comité de Evaluación del Poder Judicial seleccionara a los candidatos, pero debido a una suspensión provisional derivada de un juicio de amparo, el Senado asumió esta responsabilidad y realizó la selección mediante una tómbola.

La decisión de la SCJN ha generado diversas reacciones en el ámbito político. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó la acción de la Corte como hipócrita y aseguró que las candidaturas seguirán su curso. Por su parte, expertos en derecho constitucional señalan que este rechazo podría complicar el proceso de selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial y generar tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial.

Ante este escenario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había previsto que, en caso de que la SCJN no aprobara el listado, la Mesa Directiva del Senado podría remitir directamente las candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con el procedimiento electivo. Esta medida busca garantizar que el proceso no se detenga y que la elección programada para el 1 de junio de 2025 se realice conforme a lo planeado.

Sin embargo, esta situación plantea interrogantes sobre la legitimidad y transparencia del proceso de selección de los nuevos funcionarios judiciales. Algunos analistas advierten que la intervención directa del Senado podría vulnerar la autonomía del Poder Judicial y sentar un precedente preocupante para la separación de poderes en México. Es fundamental que las instituciones involucradas actúen con responsabilidad y apego a la legalidad para preservar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.