ONU eleva a urgente crisis de desapariciones en México ante Asamblea General; gobierno la rechaza
Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El CED señala que la magnitud de las desapariciones en México podría constituir crímenes de lesa humanidad. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas y mencionó que se han localizado más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la mayoría sin identificar.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. El organismo indicó que ha recibido información de participación directa de funcionarios públicos en desapariciones, aunque reconoció que no hay indicios de una política federal para cometer ataques generalizados.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución del CED. La dependencia calificó el informe como tendencioso y sesgado, acusando al comité de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluida información entregada el 27 de marzo.
El gobierno mexicano alegó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y argumentó que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las autoridades subrayaron que el procedimiento está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado.
En su defensa, el gobierno mexicano afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019 y con reformas clave en julio de 2025. La SRE lamentó que el CED no considerara herramientas actuales como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano ante la decisión del comité. Corcuera lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno y señaló que la reacción gubernamental es una muy mala señal.
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