Juez federal vincula a proceso a 13 militares por homicidio de dos niñas en Sinaloa
Badiraguato, 08 de abril de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de dos niñas de 11 y 7 años, identificadas como Leidy Rojas y Alexa Medina. La resolución fue emitida el 6 de abril de 2026 por el juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, Sinaloa.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, dentro del municipio serrano de Badiraguato. Según la investigación, alrededor de las 14:00 horas, un convoy de tres vehículos del Ejército Mexicano, pertenecientes al 42º Batallón de Infantería con sede en Guamúchil, abrió fuego sin previo aviso contra una camioneta familiar. Los militares dispararon al menos 119 veces contra el vehículo.
La familia se desplazaba con destino a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, dio media vuelta y se encontró con el convoy militar que circulaba en sentido contrario. Además de las dos niñas fallecidas, resultaron heridos otros dos menores, Silvia y Gael Medina, de 14 y 12 años, así como los padres de una de las víctimas. La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a los uniformados de homicidio y de homicidio en grado de tentativa por los heridos.
El juez dictó el auto de vinculación a proceso bajo la figura del dolo eventual, desestimando los argumentos de la defensa. Los abogados de los militares sostuvieron que sus defendidos actuaron “en un contexto de violencia en el Estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo”, y que el ataque “no podía evitarse en ese momento” porque creyeron de forma equivocada que enfrentaban una amenaza real.
Las órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares ya fueron ejecutadas y las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo de 2026. De manera paralela al proceso civil, en el que la familia es acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos.
Existen contradicciones en las versiones oficiales iniciales: mientras las autoridades informaron que la familia fue víctima de un fuego cruzado entre militares y criminales, los testimonios de los supervivientes indican que no hubo ningún enfrentamiento y que los uniformados dispararon sin que mediara amenaza alguna. Según Semanario ZETA, la versión del enfrentamiento nunca fue desmentida ni corregida públicamente por la SEDENA.
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