Impunidad y violencia marcan crisis en justicia penal

Por Redacción

Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este 2026, evidenciada por una impunidad estructural que deja sin resolución efectiva a nueve de cada diez delitos y una ola de violencia que cobró la vida de 82 policías entre enero y el 10 de marzo, según revelaron este día organizaciones civiles especializadas en monitoreo y evaluación.

De acuerdo con el estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa con base en datos del INEGI, únicamente el 10.55% de los casos logran una resolución efectiva. Aunque el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, el sistema colapsa en etapas posteriores, pues solo el 6.28% de los procedimientos llegan a una acción penal concreta, dejando a la mayoría de las víctimas sin acceso a la justicia.

La gravedad del fenómeno varía según la región, con estados como Coahuila y Durango registrando los índices más altos de subregistro. En Coahuila, el 90.7% de los delitos no fueron denunciados, mientras que en Durango la cifra asciende al 92.6%, lo que sugiere una desconfianza generalizada en las instituciones o un temor prevalente entre la población para acudir ante las autoridades.

Paralelamente a la ineficacia judicial, la violencia contra las fuerzas de seguridad se ha intensificado. El reporte de la organización Causa en Común indica que 82 policías fueron asesinados en los primeros 70 días de 2026. Esta cifra refleja un entorno hostil para los agentes encargados de la seguridad pública, quienes operan en un contexto de alta peligrosidad sin que el sistema de justicia logre garantizar su protección o investigar adecuadamente los ataques en su contra.

La convergencia de estos dos factores, la incapacidad del sistema para procesar delitos y el aumento letal de la violencia contra la policía, dibuja un panorama de colapso institucional. Las organizaciones civiles advierten que sin reformas estructurales que aborden tanto la impunidad como la seguridad de los operativos policiales, la confianza social en el Estado de derecho continuará erosionándose.

Ante este escenario, expertos en seguridad y justicia penal instan a que las autoridades federales y estatales prioricen la depuración de las corporaciones policiacas y fortalezcan las capacidades de las fiscalías para transformar las carpetas de investigación en sentencias condenatorias, rompiendo así el ciclo de impunidad que ha caracterizado a la última década en México.