Gobierno y senador de Morena rechazan informe de la ONU sobre desaparecidos; organizaciones civiles lo respaldan
Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- El Gobierno de México y el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, rechazaron el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU sobre la situación en el país, calificándolo de parcial, sesgado y tendencioso, postura que contrasta con el respaldo pleno ofrecido por organizaciones de la sociedad civil.
Un día antes del cuestionamiento del legislador, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) reprobó el documento. Por su parte, Ignacio Mier afirmó que la ONU emite informes con una “miopía alarmante” y consideró “inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre Desaparecidos en México”.
El senador acusó incongruencias en el organismo internacional por mantener un “silencio cómplice” ante conflictos como los de Gaza, Ucrania y Líbano, mientras critica la situación en México, y pidió “dejar a un lado la retórica tendenciosa” para actuar con “coherencia con la paz mundial”.
El informe de la ONU habla de casi 133 mil personas desaparecidas acumuladas y detalla problemas estructurales como búsquedas ineficientes y tardías, investigaciones incompletas, falta de planes integrales, protección insuficiente a familias y colectivos, e impunidad persistente.
Frente al rechazo gubernamental, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que la descalificación de los hallazgos técnicos no altera la realidad de una impunidad superior al 98% en los casos de desaparición, cifra que otras fuentes elevan a más del 99 por ciento mientras la cantidad de desaparecidos sigue aumentando.
Las organizaciones afirmaron que la soberanía se ejerce cumpliendo los tratados, no desacreditando las recomendaciones de los organismos de los cuales México es parte voluntaria, y criticaron que el Estado ha fallado sistemáticamente, citando problemas en el Banco Nacional de Datos Forenses y la acumulación de más de 83 mil cuerpos y restos sin identificar.
Ante esta crisis, las civiles hicieron un llamado enérgico al gobierno para abandonar la actitud defensiva, reconocer la magnitud del problema elevado a la Asamblea General de la ONU y aceptar la asistencia técnica internacional propuesta, reconociendo que “cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente” y que las capacidades del país han sido superadas.
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