Familiares exigen liberación de detenidos tras operativo en Gómez Palacio
Por Redacción
Ciudad de Mexico, 21 de marzo de 2026.- Familiares de trabajadores y campesinos detenidos se manifestaron en este municipio para exigir la liberación inmediata de sus seres queridos, tras un operativo de seguridad que dejó más de una veintena de personas privadas de su libertad. La protesta surge en el contexto de un plantón pacífico frente a la empresa Sotomex, originado por el despido sin indemnización ni prestaciones de cuatro empleados.
De acuerdo con listas manejadas por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, al menos 30 personas figuran como desaparecidas o detenidas. Sin embargo, existe una discrepancia entre estas cifras y los reportes oficiales, ya que las autoridades no han confirmado el número exacto de detenidos ni la identidad específica de las personas retenidas.
Los familiares acusaron al gobierno estatal de criminalizar la protesta social, argumentando que la intervención de fuerzas de seguridad fue desproporcionada ante una movilización legítima por derechos laborales. Hasta el momento, no se han divulgado las causas formales de las detenciones ni la ubicación exacta dentro de Durango donde fueron trasladados los detenidos.
La ausencia de una respuesta oficial por parte del gobierno estatal o las autoridades judiciales ha incrementado la incertidumbre entre los manifestantes, quienes mantienen la demanda de esclarecer el paradero de todos los involucrados en el operativo. La situación ha puesto en evidencia la tensión entre las demandas sociales de los trabajadores y la actuación de las fuerzas de seguridad en la región laguna.
Ante la falta de información precisa sobre los líderes o portavoces del Frente y la hora exacta de la manifestación, los familiares continúan esperando noticias concretas que permitan verificar el estado de salud y legal de los detenidos. El caso refleja la complejidad de los conflictos laborales y sociales en la zona, donde la intervención estatal genera controversia por la diferencia en los reportes de personas afectadas.
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