Exigen justicia víctimas de presunto fraude inmobiliario en Torreón tras operativos de la FGE

Torreón, 27 de marzo de 2026.- Un grupo de personas afectadas por un presunto fraude inmobiliario se manifestó frente a las instalaciones de la Delegación Regional Laguna I de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir celeridad en las investigaciones. Los inconformes bloquearon parcialmente la circulación en las inmediaciones del edificio, donde demandan acciones concretas contra los responsables de un daño patrimonial que reportan cercano a los 19 millones de pesos.

La movilización ocurre en medio de versiones contradictorias sobre el avance del caso, conocido extraoficialmente como el ‘Cártel Inmobiliario’. Mientras la Fiscalía asegura haber integrado la mayoría de las carpetas de investigación y judicializado los expedientes, las víctimas sostienen que solo dos casos han logrado llegar a esa etapa de un total aproximado de 60 denuncias formales presentadas.

Carlos Rangel, delegado regional de la FGE, informó que se han girado 12 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados y confirmó la detención de dos mujeres, además de la reaprehensión de otra persona. El funcionario detalló que se estableció una estrategia de atención directa que incluye más de 20 sesiones de trabajo con los afectados, aunque reconoció que aún falta localizar a dos individuos vinculados a las investigaciones.

Por su parte, Alfonso Serrano, uno de los manifestantes, acusó al fiscal general Federico Fernández Montaño de obstaculizar la atención a las víctimas. Serrano declaró que, pese a ser citados a las 9:00 horas, fueron atendidos hasta las 19:00 horas, y señaló que el funcionario no responde a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado anteriormente. El afectado enfatizó que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan de manera efectiva.

Entre los principales señalados figura el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, de quien las víctimas aseguran que huyó a España para evadir la acción de la justicia. Reportes periodísticos locales indican que otro de los implicados ha sido detenido y liberado en tres ocasiones, lo que ha incrementado la frustración del grupo que inicialmente agrupaba a 27 personas y que ha ido sumando más denunciantes.

La postura de la autoridad fiscal sostiene que los acuerdos reparatorios alcanzados en algunos casos son legales siempre que cuenten con la aceptación de la víctima, mecanismo que ha generado cuestionamientos entre quienes exigen penas carcelarias. La tensión entre las partes persiste mientras la FGE mantiene sus operativos para cumplir con el resto de las órdenes judiciales pendientes.