EN JUEGO, RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS POR REFORMA JUDICIAL

Por Luis Martínez Alcántara 

CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lanzó una advertencia sobre los posibles riesgos que podría traer la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano, señalando que, si no se lleva a cabo correctamente, podría dañar significativamente la relación entre ambos países.

Aunque destacó su respeto por la soberanía de México, hizo énfasis en las preocupaciones que ha recibido desde diversos sectores en Estados Unidos, las cuales, según él, reflejan el deseo de mantener una relación sólida y beneficiosa para ambas naciones.

Salazar subrayó que la reforma judicial es una decisión interna de México y que Estados Unidos respeta completamente esa soberanía. Sin embargo, insistió en que, de no ejecutarse adecuadamente, podría traer “muchísimo daño” en la relación bilateral.

Estas preocupaciones, según el embajador, no son solo suyas, sino que provienen de personas que quieren lo mejor tanto para México como para Estados Unidos, lo que resalta la importancia de considerar estos puntos de vista antes de proceder con cambios tan significativos.

El embajador también se refirió a la “pausa” en la relación bilateral declarada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que, a pesar de ello, los trabajos conjuntos entre ambos países en sectores clave como la economía, la seguridad y la gestión fronteriza continúan de manera ininterrumpida.

Además, Salazar recordó que en Estados Unidos ningún juez federal es elegido por voto popular, una de las propuestas más controvertidas de la reforma judicial en México.

Este recordatorio parece subrayar las diferencias en los sistemas judiciales de ambos países y la preocupación sobre cómo un cambio tan drástico podría afectar la estabilidad y la confianza en las instituciones mexicanas, tanto a nivel interno como internacional.

Finalmente, la advertencia de Salazar se suma a la creciente inquietud que la reforma judicial ha generado entre inversores y gobiernos extranjeros, quienes temen que la incertidumbre jurídica pueda afectar negativamente la inversión y la economía en México.