Discrepancias entre gobierno y ONGs sobre origen y magnitud de derrame en el Golfo
Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa mantiene labores de contención y limpieza en el litoral del Golfo de México tras detectarse hidrocarburos en playas de Veracruz y Tabasco. Mientras las autoridades federales reportan el retiro de más de 430 toneladas de contaminantes, organizaciones ambientalistas discrepan sobre el origen, magnitud y tiempo de respuesta ante la contingencia.
De acuerdo con el reporte oficial, se identificaron tres fuentes de emanación: un presunto vertimiento ilegal de un buque y dos chapopoteras naturales ubicadas en el Golfo. Sobre el particular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “hubo un derrame original de un barco”, aunque precisó que “hay otras manchas en el Golfo, que están identificando de dónde vienen estas manchas, y están haciendo esta investigación”. La mandataria indicó que la Fiscalía General de la República intervendrá dado que existe un delito penal, aclarando que no se trata de un derrame de Pemex, aunque la paraestatal apoya en las labores de limpieza.
En contraste, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), junto con Conexiones Climáticas y CartoCrítica, difundieron análisis de imágenes satelitales que evidencian, según su perspectiva, conocimiento temprano y contención insuficiente. Las organizaciones reportan una extensión de 630 kilómetros de litoral afectado y una mancha de 50 kilómetros cuadrados (km²). Asimismo, señalaron que no hubo información pública oportuna sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta, acusando opacidad oficial.
El gobierno federal informó que se mantiene un despliegue coordinado en puntos estratégicos del litoral. Hasta el momento, se han intervenido más de 223 kilómetros de playas y se cuenta con más de 2,450 elementos desplegados para las tareas de remediación. Las autoridades indicaron que el derrame original fue identificado con embarcaciones en zona de fondeo de Coatzacoalcos, aunque también se monitorean otras zonas como el Complejo Cantarell.
Existe una discrepancia temporal significativa entre ambas versiones. El gobierno reporta acciones desde la detección el 3 de marzo, mientras las ONG acusan conocimiento oficial desde febrero y exigen la activación transparente del Plan Nacional de Contingencia. La Secretaría de Medio Ambiente indicó que la ASEA ya presentó las denuncias correspondientes, mientras se investigan 13 buques para determinar responsabilidades específicas.
La situación continúa bajo monitoreo mientras se profundiza en la investigación para identificar con precisión al responsable del vertimiento ilegal. Las dependencias involucradas buscan garantizar que la empresa propietaria de la nave resarza los daños ambientales, en medio de exigencias civiles para que se hagan públicos los estudios de impacto y las medidas de protección a las comunidades costeras afectadas.



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