Desmantela Fiscalía de Nuevo León red de extorsión digital ‘La Tía Paty’
Monterrey, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía de Justicia de Nuevo León desmanteló una red de extorsión digital conocida como ‘La Tía Paty’, tras la detención de dos individuos identificados preliminarmente como Astrid ‘N’ y César ‘N’. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2026 en la ciudad de Monterrey, donde las autoridades interrumpieron un esquema que cobraba cantidades de hasta 500 mil pesos a cambio de eliminar publicaciones con contenido difamatorio.
De acuerdo con la información recabada, la página operaba inicialmente difundiendo chismes sobre figuras públicas, pero con el tiempo expandió su alcance para incluir a emprendedores, dueños de negocios y ciudadanos comunes de la zona metropolitana, específicamente en municipios como San Pedro Garza García. El modus operandi consistía en publicar información comprometedora o falsa y solicitar pagos, que podían iniciar desde una suscripción de 300 pesos hasta llegar a las cifras millonarias para retirar los contenidos.
Las autoridades estatales confirmaron la captura de los presuntos responsables, quienes enfrentan cargos relacionados con la suplantación de profesión e identidad. Existen discrepancias en los reportes preliminares sobre si estos delitos forman parte de un historial delictivo previo de alto impacto de los detenidos o si corresponden exclusivamente a las imputaciones derivadas de esta operación específica.
La investigación revela que la plataforma migró o operó simultáneamente en diferentes redes sociales; mientras algunas fuentes la ubican como un portal en Instagram, otras indican que funcionaba como una comunidad que utilizaba Telegram para coordinar sus actividades. Esta evolución tecnológica les permitió mantener el anonimato y dificultar el rastreo por parte de las víctimas antes de la intervención fiscal.
Con estas detenciones, la Fiscalía de Nuevo León busca frenar las actividades de este grupo que había generado un clima de inseguridad entre comerciantes y particulares de la región. Las autoridades continúan con las diligencias legales correspondientes para determinar la responsabilidad plena de los involucrados y cuantificar el daño total causado a las víctimas, cuyos nombres y número exacto no han sido divulgados oficialmente.
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