Condenan a intermediario por asesinato de senador Uribe Turbay mientras avanza investigación preliminar a Petro en EE.UU.

Por Redacción

Nueva York, 21 de marzo de 2026.- En un desarrollo judicial de alto perfil que combina una condena firme por homicidio y una investigación preliminar en curso, las autoridades estadounidenses cerraron el caso contra el intermediario responsable del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, al tiempo que mantienen abierta una indagatoria sobre supuestos contactos del presidente Gustavo Petro con estructuras del narcotráfico. La justicia neoyorquina impuso una pena de 22 años y cuatro meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por su participación directa en el crimen, mientras fiscales federales evalúan evidencias en una fase temprana respecto al mandatario sin que existan cargos formales en su contra.

La sentencia contra Pérez Marroquín marca el cierre judicial de uno de los episodios más violentos recientes en la política colombiana con repercusión internacional. El condenado, identificado también como parte de una red que incluyó a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y a Katherine Andrea Martínez Martínez, fue hallado culpable de homicidio agravado y otros delitos conexos. La decisión del tribunal pone fin a la impunidad en la ejecución material del atentado que cobró la vida del legislador, estableciendo responsabilidades penales concretas dentro del territorio estadounidense.

De manera paralela, reportes indican que fiscales en Nueva York llevan a cabo una investigación preliminar centrada en posibles financiamientos irregulares durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Según la información disponible, esta indagatoria se encuentra en una fase temprana y no tiene al mandatario colombiano como objetivo central en este momento, careciendo hasta ahora de pruebas concluyentes que deriven en acusaciones formales. La existencia de este proceso ha generado atención mediática, aunque las fuentes señalan que aún no se han presentado evidencias públicas detalladas sobre los alcances específicos de los contactos investigados.

Las contradicciones en la narrativa pública sobre el caso del presidente Petro persisten, pues mientras algunos reportes enfatizan la apertura de la carpeta de investigación, otros medios y análisis previos subrayan la ausencia de elementos probatorios sólidos que vinculen directamente al jefe de Estado con actividades ilícitas. La Fiscalía colombiana mantiene vigilancia sobre el desenlace de estos procesos judiciales en el extranjero, dado que ambos casos, aunque distintos en naturaleza y estatus procesal, involucran a figuras clave del escenario político actual de Colombia.

La convergencia de estos dos frentes judiciales en Nueva York refleja la complejidad de las relaciones entre la justicia estadounidense y la clase política colombiana. Por un lado, la condena de 22 años para ‘El Viejo’ demuestra la capacidad de las cortes para sancionar crímenes transnacionales contra funcionarios públicos; por otro, la cautela con la que se maneja la investigación contra Petro ilustra los altos umbrales de prueba requeridos antes de escalar cualquier acusación contra un jefe de Estado en ejercicio.