COMUNIDADES RURALES ESTARÁN AL MARGEN EN ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

Por Luis Martínez Alcántara

La reciente reforma judicial en México ha generado preocupación respecto a la participación de las comunidades rurales en la elección del Poder Judicial. Estas comunidades, que históricamente han enfrentado obstáculos para acceder a procesos electorales, podrían quedar al margen en la selección de jueces y magistrados. La falta de infraestructura y recursos limita su capacidad para informarse y participar activamente en decisiones que afectan directamente sus derechos y acceso a la justicia.

Además, la influencia de grupos políticos y económicos en zonas rurales podría comprometer la imparcialidad del proceso electoral judicial. La ausencia de mecanismos efectivos para garantizar la participación equitativa de estas comunidades profundiza la desigualdad y la desconfianza en las instituciones.

En otro ámbito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una queja contra las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz por presuntos actos anticipados de campaña.

La denuncia, presentada por una asociación civil, acusaba a las ministras de utilizar recursos públicos y participar en eventos proselitistas antes del inicio oficial de las campañas. Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las evidencias aportadas no demostraban una infracción electoral, por lo que desechó la queja.

Esta decisión del TEPJF ha generado debate sobre la equidad en el proceso electoral judicial. Mientras algunos consideran que las ministras aprovecharon su posición para promover sus candidaturas, otros argumentan que no se violaron las normativas electorales. La resolución sienta un precedente sobre cómo se interpretan y aplican las reglas en el contexto de la reciente reforma judicial, resaltando la necesidad de claridad en las regulaciones para evitar futuros conflictos.

Asimismo, el TEPJF revocó el límite de gastos de campaña de 220,326 pesos establecido por el INE para cada candidato en la elección judicial. El tribunal ordenó al INE fijar nuevos topes diferenciados según el cargo y tipo de elección, tomando como base mínima la cantidad previamente establecida. Esta medida busca garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos, considerando las distintas responsabilidades y alcances de cada posición dentro del Poder Judicial.