Aprueban reforma para usar 30% de recursos de Afores en obras estratégicas; oposición lo califica de ‘atraco’
Ciudad De México, 13 de abril de 2026.- Legisladores de Morena aprobaron una reforma que permite al Gobierno utilizar hasta el 30 por ciento de los recursos de las Afores para financiar obras estratégicas. La modificación fue aprobada el 7 de abril y concentra la obra pública en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, incluyendo el desarrollo de hospitales y escuelas.
La norma, aprobada la semana pasada en el Senado, fomenta la canalización de capital privado, social y público a proyectos carreteros, de trenes y en el ámbito energético bajo la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. Morena en el Senado aseguró que con esta ley no está en riesgo el ahorro de los trabajadores.
El senador Miguel Pável Jarero, de Morena, dio su respaldo a la iniciativa y sostuvo que permitirá detonar proyectos claves, mejorar la conectividad y generar empleos. “Estamos hablando de más obra para la gente, de un México más conectado y con mayores oportunidades. Y lo decimos con claridad: nunca estará en riesgo ningún ahorro de los trabajadores”, afirmó el legislador.
En contraste, el PRI en la Cámara de Diputados advirtió que el gobierno está quebrado y busca recursos “de donde sea y de quien sea, sin importar las consecuencias”. Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, señaló que las reformas son parte de una estrategia derivada de la falta de recursos públicos, la caída en la inversión y el debilitamiento del crecimiento económico.
Por su parte, una columna de opinión en 24-horas.mx calificó la aprobación ocurrida el 7 de abril como un “atraco”. El autor de la columna escribió: “Lo que ocurrió este 7 de abril con la aprobación, por parte de los legisladores de Morena, de la reforma para que el Gobierno meta mano al 30 por ciento de nuestras Afores para financiar sus ‘obras estratégicas’, es un atraco”.
El mismo columnista añadió que “es un total abuso” y argumentó: “No hay garantías de que nuestro dinero sea bien empleado, ni de que nos lo regresen, no hay reglas de operación claras”. Estas posturas reflejan la división entre la defensa gubernamental sobre la transparencia de la ley y las críticas sobre la seguridad del ahorro de los trabajadores.
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