Aprueban reforma constitucional para topar pensiones de personal de confianza en el sector público
Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público. La iniciativa, impulsada por Claudia Sheinbaum (impulsora), modifica el artículo 127 de la Constitución para limitar los montos de retiro a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, cifra que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
Previamente, el Senado de la República validó el proyecto con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. El dictamen fue respaldado por legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre otras fuerzas políticas, consolidando así las dos terceras partes necesarias para una modificación constitucional.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la reforma como una corrección a privilegios históricos, mientras que Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció el voto favorable de su bancada a pesar de expresar inconformidad por omisiones en el texto y riesgos de retroactividad. La postura del PRI refleja la dinámica legislativa donde se priorizó la aprobación del límite salarial sobre las reservas técnicas presentadas por la oposición.
La aprobación ha detonado movilizaciones de grupos de jubilados y pensionados, quienes temen que la nueva normativa se aplique con efectos retroactivos sobre prestaciones ya adquiridas. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, participó en las protestas registradas en los accesos del Palacio Legislativo y en el Congreso local de Baja California, demandando claridad sobre el impacto en los derechos actuales de los trabajadores.
La reforma busca regular las jubilaciones en entes públicos, organismos descentralizados y empresas productivas del Estado, estableciendo un techo claro basado en el salario presidencial. Con esta decisión, el Congreso avanza en la integración del expediente legislativo que deberá definir los mecanismos de implementación y las excepciones específicas, como las relativas a las Fuerzas Armadas y las aportaciones voluntarias.
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