Sheinbaum envía Plan B electoral al Senado con tope a privilegios
Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su Plan B de reforma electoral, enfocado en reducir privilegios en gobiernos locales, ajustar presupuestos y modificar la consulta de revocación de mandato, luego de que su iniciativa original fuera rechazada en la Cámara de Diputados. La propuesta establece topes de 0.7% del presupuesto estatal para congresos locales, reduce el número de regidores por municipio entre 7 y 15, y permite a la mandataria hacer campaña en procesos de revocación, que se adelantarían al tercer año de gobierno.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la iniciativa durante la conferencia matutina, afirmando que mantiene el principio de “austeridad republicana” y busca “disminuir privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública”. El proyecto estima un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos que se destinarían directamente a estados y municipios.
Entre los cambios específicos, se incluyen límites salariales para consejeros y magistrados electorales para que ninguno gane más que la presidenta, transparencia en los recursos de partidos políticos y fiscalización en tiempo real durante elecciones. Además, se propone que el cómputo de la elección federal inicie con la llegada del primer paquete electoral, en lugar de esperar hasta el miércoles posterior a la jornada.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, respaldó la iniciativa y señaló que se trabaja en una reforma judicial complementaria. Manuel Velasco, del PVEM, anunció apoyo unánime a la propuesta, aunque el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa, revelando fisuras en la coalición oficialista.
La oposición, encabezada por Kenia López Rabadán del PAN, criticó la medida que autoriza a la presidenta a hacer campaña con recursos no especificados en la revocación de mandato, calificándola de contradictoria con el discurso de austeridad. La iniciativa debe aprobarse antes de septiembre de 2026 por restricción constitucional.
El Plan B llega en un contexto de tensiones políticas tras el rechazo del Plan A, que incluía cambios más profundos en el sistema de representación proporcional y regulación de inteligencia artificial en campañas. La propuesta actual se enfoca en tres ejes: reducir privilegios en congresos locales, ajustar estructuras municipales y fortalecer mecanismos de participación ciudadana, aunque enfrenta escepticismo por su implementación y posibles impactos en la equidad de género al eliminar el principio de paridad en regidurías.



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