18 congresos estatales aprueban reforma para eliminar pensiones doradas; Senado formulará declaratoria el martes

Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal, por lo que “todo está listo” para que el Senado formule la declaratoria de la reforma en la sesión del próximo martes y la envíe al Diario Oficial de la Federación, informó Andrea Becerril.

Las legislaturas que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Según los registros, la aprobación fue por unanimidad en la mayoría de las cámaras, mientras que en Baja California y Zacatecas se logró por mayoría.

La nueva disposición establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. Este ajuste a las pensiones millonarias actuales será inmediato y se estima un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales. La reforma opera para esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal en sus tres niveles de gobierno, aplicándose tanto a pensiones futuras como a las otorgadas con anterioridad, pero no opera para las fuerzas armadas.

Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que superan el millón de pesos mensuales, así como las de 600 ex funcionarios de dicha empresa superiores a 300 mil pesos, quedarán reducidas a cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán las pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y líderes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras en Petróleos Mexicanos (Pemex) que rebasen los 70 mil pesos al mes. Asimismo, se modificará la pensión de 120 mil pesos que recibe desde hace 32 años José Ángel Gurría de Nacional Financiera.

El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para “revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable”. Sin embargo, trabajadores y sindicatos han alertado sobre la aplicación retroactiva de la medida. Óscar Hernández señaló que “parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación”, lo cual afecta derechos adquiridos.

En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) advirtieron sobre riesgos en la aprobación de reformas locales similares. El sindicato identificó posibles inconstitucionalidades, incluyendo la imposición de un “doble tope” que contradice artículos de la Constitución Federal y la propuesta de ajustes retroactivos prohibidos por el artículo 14 constitucional. El SUTSEM afirmó que “cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal” y acusó que “lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene”.

Por su parte, en la exposición de motivos de la iniciativa en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro argumentó que la reforma busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, promover la austeridad republicana y racionalizar el gasto público. Mientras tanto, existen opiniones encontradas sobre el alcance real de la norma, pues mientras el sector oficial asegura que no habrá afectación a ciertos grupos, la base sindical desconfía de dichas afirmaciones.