Clausuran accesos a planta de amoniaco en Topolobampo y exigen cancelación definitiva

Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, perteneciente a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que los manifestantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico y advirtió que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien también es cobanaro de Ohuira.

El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014 y el proyecto, que lleva un 88% de avance, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. Los manifestantes señalan que la obra ha provocado el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y la migración de parte de la fauna. El proyecto está financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank.

Entre los riesgos señalados por los opositores destaca que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas. “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, afirmó Montaño Valenzuela.

El colectivo ¡Aquí! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, ubicados en la bahía de Ohuira, donde se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con los representantes ejidales y les indicó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.

Ante la negativa de las autoridades para detener las obras, Felipe Montaño lanzó un ultimátum a los responsables: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.