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Investigan muertes presuntamente vinculadas a sueros vitaminados en clínica de Hermosillo

Investigan muertes presuntamente vinculadas a sueros vitaminados en clínica de Hermosillo

Hermosillo, 05 de abril de 2026.- Autoridades federales y estatales investigan la muerte de cuatro personas en Hermosillo, Sonora, presuntamente vinculadas a la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada.

El inmueble se encuentra asegurado tras un cateo realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Durante el operativo se aseguraron expedientes clínicos, medicamentos y soluciones inyectables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicó que las víctimas —dos hombres y dos mujeres— tenían como antecedente común la administración de sueros vitaminados preparados por el mismo médico tratante, identificado como Jesús Maximiano “N”.

Se informó del fallecimiento de Dinora Ontiveros, cuyo deceso ocurrió el pasado 2 de marzo, así como la muerte de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez, sepultados el 1 de abril. También se reportó el caso de Catalina Figueroa de 40 años, quien se encontraba internada con estado de salud grave.

Por otro lado, se denuncia que habría una quinta víctima ligada a la aplicación de sueros vitaminados. Zulema Yasmín señaló que su hijo Zahid Alberto Castro Legarda, de 22 años, murió el pasado 30 de marzo tras recibir el tratamiento para aliviar una resaca. La madre detalló: “Se sentía muy mal, muy mareado, se desmayó en el baño, se golpeó la cabeza y comenzó a vomitar. Cuando intenté ayudarlo empezó a desangrarse”.

La Secretaría de Salud informó que se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio para determinar las causas de los fallecimientos. Además, se activó una red de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos adicionales, sin que hasta el momento se hayan identificado más personas afectadas.

La Fiscalía informó que se trabaja en coordinación con autoridades sanitarias para determinar una “posible mala práctica médica”. Por su parte, la Secretaría de Salud comprometió “transparencia en la información”.

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