Crisis de desapariciones en México: hallazgos macabros, búsqueda de electricistas y ataques a defensores

Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana múltiples facetas críticas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos en Jalisco hasta la localización con vida de siete electricistas en San Luis Potosí, en un contexto marcado por la denuncia de ataques a defensores de derechos humanos y la minimización de alertas por parte del gobierno federal.

En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, liderado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de las pruebas. Este hallazgo se suma a la gravedad del escenario en la región, donde se han reportado fosas clandestinas.

Por otro lado, en Matehuala, San Luis Potosí, siete electricistas que habían desaparecido fueron localizados con vida. Según testimonios recabados por medios, los trabajadores fueron interceptados por un grupo criminal con el fin de reclutarlos forzadamente y permanecieron retenidos más de dos días. Para su búsqueda, se desplegaron aproximadamente 600 agentes en la entidad.

La búsqueda independiente continúa arrojando resultados dolorosos. Ceci Flores, madre buscadora, aseguró mediante redes sociales haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, se desconoce aún la identidad oficial del fallecido y si se ha realizado la prueba de ADN correspondiente para confirmar el vínculo familiar.

La situación de los defensores de derechos humanos se ha agravado. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización calificó la situación como un “riesgo inminente” y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques contra su labor.

En contraste con la gravedad de los reportes, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, declaración que contrasta con la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre desapariciones en la zona. Mientras tanto, en Torreón, familias de policías municipales desaparecidos enfrentan obstáculos jurídicos para acceder a pensiones, pues el municipio argumenta que no existe una forma legal para integrarlos al fondo correspondiente.

Estos eventos reflejan una realidad fragmentada donde la búsqueda por parte de colectivos y familias sigue siendo la principal herramienta para encontrar verdad, mientras las instituciones enfrentan acusaciones de omisión, negligencia o intentos por minimizar la magnitud del problema en distintas regiones del país.