Más de 100 organizaciones civiles enfrentan revocación de estatus de donatarias ante el SAT

Por Redacción

Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México han visto revocada su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), situación que ha generado incertidumbre en el sector. Entre las instituciones afectadas se encuentran Mexicanos Primero y México Evalúa, las cuales han informado que continúan con sus operaciones habituales a la espera de una resolución formal de la autoridad.

La medida fue dada a conocer inicialmente el 19 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, marcando un punto de inflexión para numerosas entidades que dependen de estos incentivos fiscales para financiar sus programas sociales y de investigación. Aunque los comunicados emitidos por las organizaciones confirmaron la existencia de la revocación, no se especificaron los motivos legales o administrativos que derivaron en la cancelación del estatus de donatarias autorizadas.

Mexicanos Primero y México Evalúa, dos de las entidades más relevantes entre las afectadas, señalaron mediante comunicados que mantienen su funcionamiento con normalidad. Ambas instituciones enfatizaron que se encuentran a la espera de la respuesta oficial y detallada por parte del SAT respecto al proceso de renovación o confirmación de su situación fiscal.

Hasta el momento, la información disponible no incluye la lista completa de las más de 100 organizaciones impactadas, ni el nombre del funcionario o área específica del SAT responsable de la decisión. Asimismo, se desconoce el plazo legal exacto establecido para la respuesta de la autoridad fiscal, lo que deja en un limbo administrativo a muchas entidades que planean sus presupuestos anuales basados en la deducibilidad de donaciones.

La revocación del estatus implica que los donantes que aporten recursos a estas organizaciones ya no podrán deducir dichos montos de sus impuestos, lo cual podría reducir significativamente el flujo de fondos hacia el tercer sector. Este cambio ocurre en un contexto donde la sociedad civil juega un papel crucial en la vigilancia de políticas públicas y la prestación de servicios en áreas educativas y de seguridad.

La falta de claridad sobre los criterios aplicados para la cancelación masiva ha dejado abiertas interrogantes sobre el futuro inmediato de estas agrupaciones. Mientras no se emita una resolución definitiva que aclare el estatus jurídico de cada organización, el sector permanece atento a cualquier actualización por parte de la administración tributaria que pueda definir el rumbo de sus actividades financieras.