Instituciones de justicia anuncian avances en derechos humanos mientras organizaciones exigen vincular derechos indígenas

Por Redacción

Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio para promover la igualdad sustantiva y la no discriminación en la función judicial, mientras organizaciones de la sociedad civil demandan que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no solo declarativos en el sistema de justicia mexicano.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred Claudia Olivia Morales Reza encabezaron la firma del acuerdo institucional el 20 de marzo de 2026, con el objetivo de incorporar perspectivas de igualdad en la labor jurisdiccional. Sin embargo, la investigación no detalla los mecanismos concretos que se implementarán para lograr esta armonización en las sentencias y procedimientos judiciales.

En paralelo, la senadora Malú Micher realizó un llamado desde el Senado de la República para uniformar las leyes de género en todos los estados del país, buscando que la legislación local esté alineada con los estándares nacionales de protección a derechos humanos. No se ha establecido un plazo específico o medidas de seguimiento para esta armonización legislativa.

Organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento exigiendo una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que haga vinculantes los derechos de los pueblos indígenas. El contenido y estatus legislativo de esta propuesta no fue especificado en los documentos disponibles.

La investigación revela una contradicción entre el discurso institucional y la práctica judicial. Un caso específico señala una actuación cuestionable de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. No hay información sobre la reacción del Poder Judicial a estas críticas sobre el caso.

El contexto de estas acciones se da en un momento donde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos suma más de 5 mil bases de datos de 184 instituciones, según reporte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esto representa una de las mayores plataformas de información abierta en América Latina, aunque su impacto concreto en la transparencia del sistema de justicia no fue detallado.

Las noticias reflejan tanto acciones oficiales de instituciones como la SCJN y el Senado, como demandas sociales de organizaciones de derechos humanos y casos problemáticos dentro del sistema de procuración de justicia. La efectividad de estos acuerdos y la respuesta a las demandas ciudadanas serán elementos a observar en los próximos meses.