SCJN atrae caso de presunto huachicol fiscal tras anulación por falta de procedibilidad
Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo ayer la revisión de un caso considerado el más relevante de huachicol fiscal hecho público en el país, luego de que un tribunal federal en Veracruz anuló el proceso penal por falta de procedibilidad. La decisión busca determinar si corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) representar el interés fiscal en este tipo de delitos.
El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con la presunta extracción irregular de 21.5 millones de litros de diésel. La anulación del proceso original se debió a que no se cumplió con el requisito de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM, así como a una citación incorrecta durante la audiencia inicial.
Según reportes de La Jornada, la atracción del caso por parte del máximo tribunal constitucional marca un precedente importante para definir las competencias institucionales en la persecución del contrabando de combustible. La controversia jurídica centra su atención en la clarificación de qué autoridad administrativa tiene la facultad legítima para iniciar y sostener la acción penal en materia de hidrocarburos.
La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables figura en el centro de la investigación, aunque la ubicación específica de sus instalaciones no ha sido detallada en los documentos públicos disponibles. La falta de precisión sobre los montos económicos totales del presunto contrabando y la fecha exacta de la audiencia anulada son datos que permanecen bajo reserva mientras la Corte analiza el expediente.
Con esta determinación, la SCJN establecerá criterios que podrían influir en futuros procesos similares, donde la distinción entre las atribuciones del SAT y la ANAM ha generado vacíos legales aprovechados por la defensa. La resolución final aclarará el procedimiento correcto para garantizar la procedibilidad en casos de evasión fiscal relacionada con combustibles.
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