Organizaciones civiles piden a CIDH vigilar desplazamiento forzado en México, que afectó a casi 29 mil personas en 2024

Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile el desplazamiento forzado interno en México, fenómeno que afectó a 28,900 personas durante 2024 y que tiene su origen en disputas territoriales y presencia de grupos del crimen organizado en entidades como Morelos y Guerrero. Esta petición se da en un contexto donde la Fiscalía de Morelos enfrenta críticas por una investigación deficiente que llevó a la absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, y donde el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, un caso que involucra al Ejército.

De acuerdo con cifras recopiladas por las organizaciones, entre 2016 y 2024 se registraron 390,000 personas desplazadas forzadamente en el país. Solo en 2025, la cifra alcanzó las 15,795 personas. El desplazamiento forzado, documentado principalmente en contextos de violencia vinculada al crimen organizado trasnacional, ha llevado a las organizaciones a buscar la intervención del organismo internacional ante lo que consideran una respuesta insuficiente del Estado mexicano.

En paralelo, la lucha contra el crimen organizado muestra fallas en el sistema de justicia. Recientemente, Javier ‘N’, el único detenido por el homicidio del activista opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes, fue absuelto. Según información de medios, la Fiscalía federal presentó pruebas insuficientes, además de que dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones durante el proceso, lo que dejó el caso en la impunidad.

En otro frente, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas en el hecho, señalando que el reconocimiento parcial no basta para una reparación integral del daño.

Estos casos ejemplifican los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad y derechos humanos: por un lado, la violencia criminal que genera desplazamiento masivo y, por el otro, las fallas en las investigaciones y la actuación de las fuerzas estatales que, en ocasiones, derivan en violaciones a derechos fundamentales. La petición a la CIDH busca colocar una lupa internacional sobre una crisis humanitaria que, según las organizaciones, ha sido minimizada por las autoridades nacionales.