Tarde, pero avalada: CDMX aprueba la reforma judicial tras 18 estados

Tras la aprobación en 18 congresos estatales, el Congreso de la Ciudad de México finalmente dio su aval a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La votación, liderada por Martha Ávila, se llevó a cabo horas después de que otros estados ya habían ratificado la reforma, lo que provocó reacciones entre diferentes sectores. La demora en la capital del país contrastó con la rapidez de otras entidades que dieron luz verde a la reforma desde tempranas horas.

La reforma, presentada originalmente el 5 de febrero pasado, fue avalada esta semana por ambas cámaras del Congreso de la Unión y contaba con el respaldo de diversos estados. A nivel federal, figuras como Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López Hernández en el Senado fueron fundamentales para sacar adelante la propuesta, que obtuvo el respaldo necesario en tiempo récord en las entidades federativas.

El Congreso de Oaxaca fue el primer estado en aprobar la minuta enviada por el Senado, logrando su aval en apenas cinco minutos y sin discusión en el pleno la madrugada del 11 de septiembre. Con esta votación, el proceso de aprobación estatal se aceleró, hasta alcanzar en menos de 24 horas la aprobación en 17 entidades, necesaria para emitir la declaratoria de constitucionalidad.

Sin embargo, el Congreso de la Ciudad de México tardó en pronunciarse. A pesar de la importancia de la capital como sede de los poderes federales, su voto llegó después de que congresos estatales de entidades alejadas del centro del país ya habían dado su visto bueno.

Incluso durante su conferencia “mañanera” del 12 de septiembre, el presidente López Obrador presumió las 18 entidades que ya habían dado su aval a la reforma, sin que la capital, uno de los principales bastiones del partido Morena, figurara.

La demora tampoco pasó desapercibida en diversos círculos políticos, generando críticas sobre la gestión de la mesa directiva tutelada por Martha Ávila y el ritmo con el que se llevaron a cabo los procedimientos legislativos.