EMITE GOBIERNO DE CDMX DECRETO QUE MODIFICA MARCO LEGAL DE PROPIEDAD PRIVADA, PÚBLICA Y SOCIAL  

Por Luis Martínez Alcántara 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto que reforma el artículo 3 de la Constitución local, que modifica el marco legal en materia de propiedad privada, pública y social. Este decreto, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, elimina el “respeto a la propiedad privada” como principio rector, lo cual representa un cambio significativo en la legislación capitalina.

Anteriormente, el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México establecía el respeto a la propiedad privada como uno de sus principios fundamentales. Sin embargo, con esta reforma, el texto fue sustituido por un nuevo principio que se alinea con los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este cambio busca garantizar el respeto no solo a la propiedad privada, sino también a la propiedad pública y social, bajo un marco legal que privilegia el interés público sobre cualquier interés particular.

El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, explicó que esta reforma tiene como objetivo proteger de manera equilibrada los diferentes tipos de propiedad en la ciudad, dentro de los marcos establecidos por la Constitución federal.

Batres destacó que la modificación busca establecer bases para un desarrollo justo y armónico en la capital, subrayando la supremacía de lo público sobre cualquier interés privado. Según el mandatario, esta medida es un paso importante para garantizar un desarrollo con acento social en los años venideros.

En la plataforma X, Martí Batres explicó que la reforma restablece los principios del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales, según él, habían sido olvidados y reemplazados por un enfoque neoliberal.

Con esta reforma, se recuperan las nociones de propiedad originaria de la Nación y el derecho del Estado para imponer condiciones a la propiedad privada en beneficio del interés público. Asimismo, se dificulta que el actual Poder Judicial pueda interpretar las normas locales en favor de grupos económicos poderosos.